En la grada aplaudieron y disfrutaron de un 3-3 algunos que mañana insultarán llamando negro, moro o gitano a quien se les ponga por delante siempre que no sea flamante delantero del Real Madrid
Gerardo Tecé 27/03/2024
En la grada aplaudieron y disfrutaron de un 3-3 algunos que mañana insultarán llamando negro, moro o gitano a quien se les ponga por delante siempre que no sea flamante delantero del Real Madrid
Gerardo Tecé 27/03/2024
El auto de un juzgado mercantil que permite a La Liga actuar contra las personas que difunden la señal de los partidos de manera ilegal reabre el debate sobre el crecimiento de la piratería
Ricardo Uribarri 19/03/2024
La batalla que lleva a cabo La Liga contra aquellos que fomentan y recurren a la piratería para ver los partidos de fútbol ha vivido un nuevo capítulo. El juzgado de lo Mercantil número 8 de Barcelona ha acordado que los operadores de acceso a internet en España entreguen a la patronal las direcciones IP y los datos personales de los usuarios que comparten estos contenidos de manera ilícita, con el fin de preparar una futura demanda contra ellos. El revuelo creado entre los aficionados ha sido enorme, generando muchas dudas e incertidumbre sobre el alcance de la decisión de cara al futuro.
El presidente del organismo que agrupa a los clubes de fútbol señalaba hace unos meses que habían detectado al inicio de la presente temporada más de cinco millones de descargas ilegales en móviles en todo el mundo, de las que 1.100.000 eran en nuestro país, para ver gratis los partidos del campeonato español. Además, tenía localizadas 46.000 IP’s a nivel internacional desde las que se retransmiten de forma ilegal diferentes eventos deportivos. En la pasada campaña, la 22-23, La Liga identificó 8.747 establecimientos que estaban emitiendo partidos de forma pirata, lo que, según sus cálculos, suponían unas pérdidas de 27,7 millones anuales.
A22, la empresa española que gestiona el proyecto, se sirve de dos multinacionales de las relaciones públicas para influir en políticos y periodistas y reflotar una idea combatida por la UEFA y la Liga
Para vencer, hay que convencer. A esta conclusión parecen haber llegado, tras su fiasco en 2021, los estrategas e impulsores de la Superliga, el proyecto que defienden en España Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, una suerte de NBA europea del fútbol que revolucionaría la competición a nivel continental y que supone un desafío frontal a la Champions League. La española A22, empresa gestora de la Superliga, ha desembarcado en la Unión Europea (UE), donde ha destinado entre 2021 y 2022 más de 1 millón de euros a tareas de lobby ante las instituciones comunitarias, según el cálculo más conservador obtenido por infoLibre de la información de hasta tres sociedades registradas como grupos de presión en Bruselas.
A22 se está valiendo de dos multinacionales de las relaciones públicas, Flint y FGS. Su objetivo es ganar apoyos políticos en Bruselas para doblar el brazo a la UEFA, que quiere mantener el control sobre la competición europea.
La Superliga pretende unir a al menos doce de los clubes más importantes de Europa, que son a su vez los impulsores iniciales de la competición, si bien el objetivo es ampliar la nómina hasta veinte equipos participantes, con un sistema de ascensos y descensos de cinco de ellos. Tres de los fundadores son españoles: Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid. El resto son Milán, Inter de Milán, Juventus (Italia), Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Tottenham (Inglaterra). Todos ellos figuran como "clubes fundadores" de la Superliga. Pero no todos siguen implicados en la defensa del proyecto. Ni mucho menos.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado en el marco del caso Soule, relativo a las presuntas irregularidades en la gestión de Ángel María Villar como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que se oficie a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para que en un nuevo informe se pronuncie sobre una serie de pagos que hizo la RFEF al hijo del ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira, recoge Europa Press.
Fuentes fiscales consultadas por Europa Press, apuntan que de esta manera se informa al juez instructor, Alejandro Abascal, quien interesó su criterio sobre la petición de La Liga, que quería que investigara esos pagos. Se trata de unos 4.400 euros que la RFEF habría pagado en varias tandas entre 2011 y 2016 a Javier Enríquez, según avanzó Vozpopuli.